El presidente de Portugal, António José Seguro, promulgó el proyecto de ley el 31 de agosto tras la validación del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional aclaró que la norma no es inconstitucional y dio orientaciones interpretativas a las autoridades administrativas.
Seguro había solicitado la revisión de la norma debido a dudas sobre el interés superior de los menores y la proporcionalidad en la privación de libertad.
La iniciativa fue aprobada por el Parlamento el 17 de julio, con el apoyo de Partido Social y la abstención de Chega.
La reforma tiene como objetivo acelerar los trámites de expulsión y evitar abusos en los procedimientos de asilo.
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