El 13 de octubre, Jorge Rodríguez informó a la plenaria de que la AN remitió al TSJ el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, con su exposición de motivos.
La Sala Constitucional del TSJ, mediante la sentencia N.º 1034, declaró la conformidad constitucional del proyecto y ordenó continuar el proceso legislativo para su discusión y aprobación.
Delcy Rodríguez pidió en septiembre reformar la ley para despenalizar algunos tipos penales y reconoció que fue 'mal aplicada' y usada de forma 'abusiva'.
Según la ONG Foro Penal, al menos 927 personas han sido acusadas de 'incitación al odio' desde la aprobación de la ley en 2017.
La oposición y varias ONG mantienen la exigencia de derogación completa; la diputada Amelia Belisario sostiene que la reforma se centra en la despenalización y no en la eliminación plena de sanciones.
La norma vigente establece penas de 10 a 20 años de prisión para quien publique o promueva mensajes de odio, discriminación o violencia.
En qué difieren los medios
Los medios que cubren esta historia no coinciden en todo. Esto es lo que reporta cada uno, con sus propias palabras.
Alcance de la reforma
Efecto CocuyoLa diputada Amelia Belisario advirtió que la modificación se mantiene enfocada en la despenalización y no en la eliminación plena de las sanciones.
El DiarioEl proyecto busca revisar las sanciones aplicadas de manera errónea y despenalizar determinadas conductas, según lo expuesto en la sesión ordinaria.
¿De dónde viene la cobertura?
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