El 3 de septiembre de 2026, el Gobierno cubano publicó el Decreto-Ley 128, permitiendo a empresas extranjeras contratar trabajadores directamente, sin pasar por agencias estatales.
Las empresas podrán abrir y operar cuentas bancarias en el extranjero sin autorización previa del Banco Central de Cuba, debiendo solo notificar su apertura en un plazo de siete días.
Óscar Pérez-Oliva, viceprimer ministro, indicó que el impacto económico de estas reformas podría ser significativo a corto plazo, pero hay incertidumbre debido a la presión externa.
El paquete incluye simplificación de permisos para importar y exportar, así como la autorización de formar empresas privadas con más de 100 trabajadores.
Estas medidas son parte de un conjunto más amplio de 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio por el Gobierno cubano.
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